Armas y topadoras contra campesinos
Buscan forzar desalojos en Santiago del Estero
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Los campesinos montaron carpas para resistir el desmonte.

La presión para avanzar con los desmontes en el chaco santiagueño continúa generando conflictos. La Delegación Regional Noroeste de la subsecretaría de Agricultura Familiar emitió el viernes un comunicado donde denunció que 184 familias campesinas radicadas en el paraje Piruaj Bajo, del departamento Copo, están siendo amenazadas por un grupo empresario que utiliza topadoras y bandas armadas para intimidarlos y tratar de forzarlos a abandonar el lugar. El conflicto es por el control de tres lotes de tierra que suman 17.800 hectáreas en conjunto.

El lugar es ocupado por pequeños productores que se dedican a actividades ganaderas, forestales y de autoconsumo. Según informó la subsecretaría, “todos tienen derechos adquiridos de posesión veinteañal que resguarda el código civil, todos viven de su trabajo y todos quieren quedarse en la tierra que los vio nacer a ellos, a sus padres, a sus hijos”. Sin embargo, un grupo con inversiones inmobiliarias en la zona, propiedad de los empresarios Horacio Gándara y Méndez Escurra, pretende desalojarlos. “Para ello se sirven de acciones violentas, con bandas armadas (seguridad privada), con el fin de intimidar y crear un clima de miedo entre los campesinos”, se afirma en el comunicado oficial firmado por los delegados Félix González y Héctor Lipshitz.

La subsecretaria remarcó que realizó varios gestiones para resolver el conflicto impulsando negociaciones entre las partes, pero “la conducta prepotente de la empresa boicotea toda posibilidad de llegar a un acuerdo”. De hecho, ayer por la mañana volvió a haber enfrentamientos en la zona y los campesinos, que montaron carpas en distintos puntos del terreno para resistir el desmonte, denunciaron luego a la policía que los intimidaron con topadoras y armas de fuego. Las familias cuentan con el respaldo de la delegación NOA de la subsecretaría y del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), pero afirman que la inacción del poder político y judicial de la provincia está siendo funcional a los intereses del grupo empresario.