CUANDO EL DESPOJO SE GESTA DESDE ADENTRO: COOPTACIÓN Y RESISTENCIA EN TERRITORIO SANAVIRÓN
No fue un desalojo cualquiera. Como ocurre con frecuencia, se preparó con tiempo y sigilo; pero lo que lo hizo aún más cruel fue la traición. Esta vez, la familia Herrera del Pueblo Sanavirón, en la zona de Pampa Atún (departamento Mitre, Santiago del Estero), fue víctima de un plan articulado desde dentro y fuera de su propia comunidad originaria.
“Fue un grupo, más que nada. Tres consejeros, que deberían haber cuidado el territorio, fueron los que abrieron la puerta. Hicieron un acuerdo sin consultar a nadie, a espaldas del Pueblo”, cuenta Javier Montenegro, referente de la comunidad Indígena Sentimiento de mi Tierra e integrante del MOCASE Vía Campesina. Hoy, elige hablar para desenmascarar el entramado de complicidades que facilitó la entrega del territorio a privados y actores estatales.
El 4 de septiembre de 2024 se firmó un acuerdo —sin consentimiento colectivo— que entregó 2.800 hectáreas a Norberto Milei, padre del presidente Javier Milei. Aunque medios como La Nación lo presentaron como una “donación” del empresario a la comunidad, en realidad fue un negocio: la comunidad no recibió tierras, sino que comenzó a ser expulsada. El Pueblo Sanavirón había recuperado ese territorio en 1999, tras resistir un intento de desalojo, y desde entonces lo defendía con Personería Jurídica y carpeta técnica, frente a nuevos intentos de usurpación, ahora por parte de la empresa La Ponderosa, de Norberto Milei. Las comunidades de Monte Crecido y Campo Martínez también forman parte de las tierras negociadas en ese acuerdo.
Una red de intereses: empresarios, Estado y traición
Los nombres se repiten. Adolfo Faría —ex referente del MOCASE Vía Campesina, expulsado por la asamblea general el 24 de noviembre de 2024— hoy es señalado como operador político de los Milei, vinculado al gobierno provincial. Antonio Campana, abogado ligado al aparato estatal; Pablo Mancilla, técnico del INAI, apuntado como uno de los planificadores del acuerdo. Y los tres consejeros comunales: Irma Aguirre, Gonzalo Galván y Román Guerrero, junto al CPI Enrique Acosta, firmaron el convenio entreguista. Todos, según denuncia la comunidad, operan con el respaldo del vicegobernador José Emilio Neder.
“Nosotros no compartimos esas políticas. No fuimos parte. No avalamos actos del gobierno ni campañas. Nunca nos consultaron”, afirmó Montenegro. Lo que siguió fue un proceso sistemático de hostigamiento: cierre de accesos al agua y pastaderos, vigilancia armada, amenazas y desalojos sin orden judicial. “Hay que estar todos los días vigilando que no entren, que no alambren, que no echen a los animales”, contó.
Un plan de ocupación forzada
El despojo comenzó antes del acuerdo. El primer intento fue el 24 de septiembre de 2023: una parte de la casa de la familia Herrera fue destruida, les robaron todo y los expulsaron. Lograron volver. Pero el 5 de abril de 2025, un nuevo ataque lo destruyó todo. “Esta vez fue total. Vinieron a la madrugada, tumbaron la casa, se llevaron los animales. Fue una banda armada contratada por Milei y Faría. No dejaron nada”, relató.
A pesar de la violencia, la comunidad no se fue. El desalojo fue parcial. El Pueblo Sanavirón sigue resistiendo y habitando el territorio. Denuncian que el plan de fondo es avanzar con un modelo agroganadero y turístico: cabañas para cazadores, actividades turísticas, alquiler del territorio a empresarios. Todo sin consulta ni consentimiento, violando el derecho colectivo.
Más allá del hostigamiento directo, lo que se revela es una estrategia más profunda: la cooptación de referentes comunitarios para facilitar el avance extractivo, bajo el disfraz de acuerdos legales. La legitimidad de quienes alguna vez defendieron el territorio hoy es usada para abrirle paso a negocios privados. “No aceptamos la entrega de nuestras tierras. No vamos a permitir que nos expulsen con mentiras ni que usen nuestras luchas para negocios familiares”, denunció el referente.
Una fractura en el movimiento y el avance de los empresarios
El MOCASE, como parte del movimiento del Pueblo Nación Sanavirón, hoy está fragmentado. Las divisiones —en parte causadas por la cooptación de referentes— han debilitado su capacidad de respuesta unificada. Mientras una fracción se alinea con el gobierno y avala acuerdos con empresarios, otras resiste desde los territorios. Esta fractura es funcional al avance extractivo: divide a las comunidades, deslegitima la lucha colectiva y abre camino a negociados que comprometen la autodeterminación de los Pueblos.
La resistencia no se entrega
En medio de este escenario, la comunidad Sentimiento de mi Tierra continúa defendiendo lo que es suyo. El conflicto no es solo por hectáreas: es por el derecho a existir como Pueblo, a criar, sembrar y cuidar los montes. Esta historia no fue noticia en los grandes medios. Pero late en la memoria de quienes resisten y en la conciencia de que el colonialismo actual ya no siempre llega con uniforme: a veces, tiene rostro conocido.

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